2008-08-09
Dijo que la medida anunciada por el presidente Felipe Calderón de que para la obtención de un registro sanitario ya no se tenga la obligación de tener una fábrica instalada en territorio nacional genera incertidumbre entre los empresarios, sobre todo en aquellos que tienen o tenían planes para invertir, por ejemplo, en ampliación de sus instalaciones.
Ya no lo harán por el solo hecho de carecer de certeza sobre las condiciones de mercado que habrá en el futuro o ante la posibilidad de que las autoridades decidan poner nuevas reglas, dijo.
En entrevista, el directivo rechazó que la Amelaf se oponga a la renovación de los registros sanitarios. “Lo que decimos es que debe respetarse el plazo –de cinco años– establecido por los legisladores” para cumplir con esta obligación. Los laboratorios farmacéuticos “no deberían cargar las consecuencias de que la adecuación del Reglamento de Insumos para la Salud (RIS) se haya demorado casi tres años”.
La reforma al reglamento en cuestión, que entró en vigor en enero pasado, establece el mes de febrero de 2010 como fecha límite para la renovación de todos los registros de fármacos y dispositivos médicos que se venden en México. En diversas ocasiones, la Amelaf ha planteado que para los industriales esto significa cuantiosas inversiones, y que no es lo mismo realizarlas en cinco años que en dos.
Ayer, Romay, quien representa a más de 60 laboratorios nacionales, comentó que el requisito de contar con una planta es garantía de seguridad sanitaria, de la existencia de un responsable de los productos que se comercializan en el país en caso de cualquier eventualidad.
Productos controlados
También destacó que México ya importa productos farmacéuticos por un monto aproximado a 2 mil millones de pesos. La diferencia –precisó– es que están controlados.
Respecto al argumento de que el decreto presidencial tiene la finalidad de bajar los precios de los medicamentos, Romay señaló que sólo será posible “si traen basura”, porque en México los genéricos intercambiables ya son baratos y reúnen altos estándares de calidad.
Lo que el gobierno no tomó en cuenta a la hora de eliminar el requisito de tener una planta es que se pone en riesgo a la industria nacional, pues al estar aquí, genera empleos y paga impuestos, lo que contribuye al desarrollo del país.
También llamó la atención sobre el hecho de que la reforma del RIS se haya dado de manera repentina, cuando apenas hace unos meses terminó la consulta pública donde todos los sectores estuvieron de acuerdo en que no era el momento de realizar un cambio de esa naturaleza, porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) carece de infraestructura física y humana para verificar la calidad de los productos que se fabrican en el extranjero.
Sobre la cantidad de inspectores que necesitará la Cofepris, comentó que la industria farmacéutica cuenta con alrededor de 3 mil personas que trabajan en las áreas de control de calidad, mientras la comisión tiene 11 inspectores, según informó a la Amelaf el comisionado Miguel Ángel Toscano.
Romay afirmó que los dos años establecidos como plazo para la apertura total del mercado farmacéutico son insuficientes para que la Cofepris solvente sus carencias. Respecto a la posición asumida por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, en favor de la decisión calderonista, el presidente de la Amelaf opinó que a los laboratorios trasnacionales les conviene dicha decisión, porque la medida se podría replicar en otros países, y “así como aquí van a venir extranjeros, ellos también podrían entrar a otros mercados”.
Por Ángeles Cruz Martínez, La Jornada