Las importaciones paralelas y las licencias obligatorias son complementos de una política nacional de medicamentos que no deberían cederse en la negociaciones del TLC. Las importaciones paralelas amplían la oferta local y fomentan la competencia; y la amenaza que ejercen las licencias obligatorias sobre el abuso de las prácticas monopólicas facilita el acceso a los medicamentos.
Uno de los frentes de oposición a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos más radicales está constituido por quienes no están de acuerdo en brindar mayor protección a la propiedad intelectual de los productos farmacéuticos. Sin embargo, los argumentos que usa este sector solo enfatizan los aparentes costos del tratado, no rescatan los beneficios del TLC para los consumidores de medicinas, ni proponen medidas para superar las grandes imperfecciones de política y del mercado que actualmente, sin haberse firmado un TLC, limitan el acceso de la mayor parte de la población a los medicamentos.
La protección de los datos de prueba de la industria farmacéutica es uno de los temas más sensibles de las negociaciones del capítulo de propiedad intelectual del TLC. Los datos de prueba son las investigaciones y ensayos clínicos que realizan los laboratorios de innovación en los países desarrollados, luego de que han descubierto un nuevo medicamento y han obtenido la protección de la patente en dicho mercado. Estas pruebas son exigidas por las autoridades sanitarias antes de permitir al laboratorio innovador la comercialización del nuevo medicamento, y pueden llegar a demorar más de una década. Es por ello que la elaboración de los datos de prueba podría reducir, significativamente, el período durante el cual el laboratorio de innovación goza del monopolio de la patente.
Los negociadores americanos del TLC habrían solicitado cinco años de protección para los datos de prueba. Un estudio realizado por el Ministerio de Salud (MINSA) estima que el efecto acumulado de dicha protección, siete años después de la firma del tratado, sería de 130 millones de dólares. Lamentablemente, los supuestos usados por este estudio determinan que sus resultados sean cuestionables . En sentido opuesto, de estudios realizados por Apoyo e Indecopi se desprende que si bien este mecanismo de protección generará mayores costos para el consumidor nacional, estos costos adicionales serían relativamente limitados. Así, el estudio de Apoyo estima un costo anual, para el primer año posterior al acuerdo del TLC, que varía entre los US$ 3 y US$ 5,1 millones , montos que al ser comparados con las ventas del mercado privado, estimadas en US$ 350 millones anuales, equivalen como máximo al 1,5% del mercado. Asimismo, en la experiencia reciente de países latinoamericanos que han firmado tratados con Estados Unidos, como México, Colombia y Chile, no se identifica una relación clara entre mayor protección a la propiedad intelectual y aumento de los precios de los medicamentos.
Para analizar un impacto más global del TLC en los precios y el acceso a medicamentos, los estudios deberían considerar otros efectos del tratado que impactarán de manera positiva en el acceso a los medicamentos, pero cuyo impacto no ha sido evaluado en ninguno de los estudios realizados:
Por otro lado, es necesario considerar que, en la actualidad, existen diversas fallas de política y de mercado que no han sido corregidas por el Gobierno y que limitan el acceso a medicamentos costo-efectivos, con el consecuente perjuicio para la salud de los peruanos. La solución de estos problemas implica redefinir el papel que desempeña el Gobierno en el mercado farmacéutico; específicamente, concentrar los esfuerzos del sector público en mecanismos que fomenten la eficiencia y la competencia en el mercado privado, como son el control de la calidad de los medicamentos y la oferta de información pertinente para los agentes involucrados.
En primer lugar, para lograr la eficiencia en el sector farmacéutico, es necesario mantener el libre mercado, pero se debe fortalecer la regulación de la calidad de los medicamentos. Ello exige brindar mayores recursos y facultades a la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) y, a diferencia de lo que sucede actualmente, garantizar que todo medicamento haya aprobado los controles de calidad pertinentes antes de obtener el Registro Sanitario. Asimismo, es fundamental que el Gobierno ejecute políticas para combatir los medicamentos falsificados, adulterados y de contrabando que se comercializan, ya que estos productos atentan contra la seguridad y la salud de los consumidores, además de distorsionar el mercado.
Adicionalmente, dado que el mercado farmacéutico es imperfecto por naturaleza, pues los médicos y químico-farmacéuticos poseen más información que el paciente, también son necesarias soluciones gubernamentales para equilibrar la información entre médico y paciente, así como entre químico-farmacéutico y paciente, lo cual se puede conseguir a través de políticas de información estatal. En ese sentido, el Gobierno debe garantizar que la información brindada sea correcta y fomentar el uso de medicamentos genéricos, a través de campañas que difundan los atributos y beneficios del consumo de estos productos. La desinformación respecto de los medicamentos genéricos es confirmada por una encuesta nacional realizada en el año 2001, en la que más del 50% de los encuestados señaló desconocer los medicamentos genéricos. Cabe mencionar que las políticas de información y de control de calidad deben aplicarse de manera conjunta, pues una aplicación parcial, como promocionar e impulsar el consumo de genéricos sin garantizar su calidad y efecto terapéutico, terminarían perjudicando el desarrollo del mercado de medicamentos genéricos, con lo cual se limitaría la mayor competencia en el sector y, por consiguiente, la reducción en los precios y la mejora en el acceso.
Igualmente, sería conveniente la conformación de listas; es decir, seleccionar medicamentos con criterios clínicos y económicos, que satisfagan las necesidades medicinales de la mayor parte de la población, para que se distribuyan en los hospitales del Estado. También es recomendable permitir el acceso de los consumidores que tengan cualquier prescripción del sector público o privado a las farmacias del MINSA, donde los controles de calidad y los bajos precios permiten el acceso a medicamentos más eficaces y seguros, además de ser una buena manera de captar fondos para los establecimientos de dicho ministerio.
Finalmente, las importaciones paralelas y las licencias obligatorias son complementos de una política nacional de medicamentos que no deberían cederse en la negociaciones del TLC. Las importaciones paralelas (importaciones realizadas de países donde un producto es comercializado por el titular de una patente, pero donde se vende dicho producto a menores precios que en el mercado local) limitan las políticas de discriminación de precios de algunas transnacionales, puesto que amplían la oferta local y fomentan la competencia en el mercado de medicamentos. En esa misma lógica, la amenaza que ejercen las licencias obligatorias (permisos que un país otorga a una entidad para comercializar una invención sin respetar el derecho de patente) sobre el abuso de las prácticas monopólicas facilita el acceso a los medicamentos.
En conclusión, no se debe poner en juego el TLC cuando es posible mejorar el acceso a los medicamentos, si se corrigen las fallas de política y de mercado que actualmente afectan la eficiencia en el mercado farmacéutico peruano.
Notas
1. Ministerio de Salud (MINSA) (2005). Evaluación de los principales efectos sobre el acceso a medicamentos del Tratado de Libre Comercio que se negocia con los Estados Unidos de América. Lima.
2. Para mayor información al respecto revisar: ¿Por qué la protección de los datos de prueba en el mercado farmacéutico no debe ser un impedimento para firmar el TLC con los EEUU?. Documento disponible en http://www.up.edu.pe/ciup/documentos.htm
3. Apoyo (2005). Impacto de las negociaciones del TLC con EE.UU. en materia de propiedad intelectual en los mercados de medicamentos y plaguicidas. Lima.
4. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (2005). Análisis del impacto económico de un régimen de protección de datos de prueba en el mercado farmacéutico peruano. Serie Estudios de Investigación. Lima.
5. Este impacto corresponde al mercado privado y se centra en las enfermedades más importantes que involucran el 48% de la carga de morbilidad del país.
6. Colombia firmó en el año 2002 el decreto 2085 donde se compromete a proteger datos de prueba.
Por Janice Seinfeld y Karlos La Serna – Universidad del Pacifico