El ministro de Comercio del régimen de Venezuela, Eduardo Saman, amenazó a la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer con ocupar una de sus instalaciones en Valencia si no se llega a un acuerdo con la gerencia para comprarla a un precio razonable. La empresa permanece cerrada desde mayo pasado, lo que, según Caracas es un incumplimiento a la normativa porque no está produciendo medicamentos.
Saman declaró que “si esas negociaciones fracasan, nuestro ministerio va a proceder a ocupar la planta para ponerlo en funcionamiento. Allí hay una situación muy grave. Ellos paralizaron una planta que produce medicamentos esenciales”.
Sin embargo, desde Nueva York, Tyrene Frederick Mack, portavoz de Pfizer, señaló a la prensa que el cierre es parte de un proceso de consolidación de las instalaciones de la farmacéutica a nivel mundial. En Venezuela, la compañía transnacional tiene dos plantas productoras de medicamentos para uso humano y veterinario.
Explicó que “nosotros estamos en conversación con elGobierno venezolano para vender la planta”. Además, aseguró que la empresa ha transferido los procesos de producción a una segunda planta, también en Valencia.
El acoso “chavista” a Pfizer se justifica como “la defensa de varios centenares de puestos de trabajo”. Además, se enmarca en un proceso que viene poniendo en práctica el régimen para hacerse con el control de plantas procesadoras de alimentos y de otros insumos básicos, depropiedad privada, justificándose por el supuesto incumplimiento de la normativa legal.
Días antes, el ministro de Salud, Carlos Rotondaro, declaraba que “si no hay resultados positivos” en las negociaciones “vamos a proceder a la ocupación temporal de la empresa con el propósito de reactivar la planta y que se pongan a producir medicamentos. ¿Hasta cuando vamos a estar importando medicamentos que fácilmente podríamos estar haciendo en el país?”.
El objetivo, dejó entrever por su parte el ministro Saman, es que el régimen venezolano restringa las importaciones de medicamentos para incentivar la producción nacional. Para ello, las empresas del ramo deben estar bajo control del Estado.